Los Gobiernos de Estados Unidos y Arabia Saudita firmaron este miércoles un acuerdo de cooperación energética nuclear civil por un periodo de 30 años que no incluye las salvaguardias internacionales para impedir el desarrollo de armas atómicas.

El documento, conocido como «Acuerdo 123», fue suscrito por el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, y el ministro de Energía saudí, Abdulaziz bin Salman. La iniciativa, que requiere la ratificación del Congreso estadounidense, ocurre en el contexto de las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán bajo la premisa de frenar el programa nuclear de Teherán.

El pacto se fundamenta en la Sección 123 de la Ley de Energía Atómica de Estados Unidos de 1954 y contempla el desarrollo de un programa nuclear civil multimillonario que otorga a las empresas estadounidenses acceso preferente al sector energético saudí.

المملكة والولايات المتحدة الأمريكية توقّعان اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. pic.twitter.com/b5WU3ayFRf

— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) July 22, 2026

Un comunicado del Gobierno estadounidense aseguró que la iniciativa persigue «fines pacíficos» y está comprometida con la «no proliferación nuclear». El secretario Chris Wright defendió el entendimiento al declarar: «Pueden tener la certeza de que estos acuerdos cumplen con los más altos estándares de seguridad y no proliferación nuclear, al tiempo que se apoyan en la mejor tecnología nuclear y en los mejores científicos del mundo, desarrollados aquí mismo en Estados Unidos».

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Expertos y legisladores demócratas criticaron el documento tras advertir que la exención permite a Riad enriquecer uranio en su propio territorio, abriendo una vía técnica hacia el armamento nuclear. Esta facultad coincide con declaraciones previas del príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman, quien afirmó años atrás que si Irán obtenía una bomba atómica, su nación buscaría adquirir una. Pese a que la oposición demócrata solicitó al Congreso rechazar la medida, el Partido Republicano mantiene la mayoría en ambas cámaras del parlamento.

Las negociaciones preliminares del acuerdo iniciaron en 2025 y concluyeron en octubre del mismo año. Su firma oficial sufrió retrasos debido a la guerra en curso con Irán y al riesgo de una resolución bipartidista de rechazo en el legislativo.

Desde su retorno al poder en 2025, el presidente Donald Trump impulsó el acercamiento con el Gobierno saudí, aliado estratégico golpeado por ataques en respuesta a las ofensivas estadounidenses y por el bloqueo marítimo anunciado por el movimiento Ansarolá de Yemen en el mar Rojo.

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La exención concedida a Arabia Saudita contrasta con la posición de Washington hacia la República Islámica de Irán. Estados Unidos e Israel sostienen la ofensiva militar alegando impedir que Teherán desarrolle armas atómicas.

Irán es miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y opera bajo una fatwa religiosa que prohíbe la fabricación de bombas atómicas, al tiempo que informes de la inteligencia estadounidense han concluido que Teherán no busca militarizar su programa. Aun así, las autoridades iraníes rechazan entregar su uranio enriquecido a niveles elevados, escala que incrementaron como respuesta a la retirada unilateral de Trump en 2018 del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) suscrito en 2015.

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